Desde principios de este mes Movistar ha comenzado a comunicar a los clientes que la cancelación de las portabilidades solicitadas a través del 1004 conllevará un cargo de 50€ en el caso de líneas de telefonías móvil y de 100€ para las líneas fijas. Durante los últimos meses operadores como Vodafone estaban realizando ofertas especiales, desde sus departamentos de retenciones, a los clientes que solicitaban la portabilidad a Movistar,  lo que ha desencadenado probablemente un aluvión de peticiones por parte de aquellos que utilizan el amago de portabilidad para negociar mejores condiciones en sus contratos.

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El cobro de cantidades  en concepto de «gastos de gestión» a devolver una vez hecha efectiva la portabilidad, se ha vuelto habitual en operadores como Orange (en portabilidades vía telefónica) o establecimientos como Phone House y otros distribuidores de telefonía móvil, a pesar de que la imposición de penalizaciones disuasorias vulnera la legislación vigente en materia de telecomunicaciones y derechos del consumidor.

De hecho el propio regulador español (la CMT) tal y como nos indican en el blog del organismo, considera que el pago de estas cantidades tiene efecto disuasorio y es contrario a la legislación vigente. En concreto en su Resolución relativa a la consulta de Telefónica sobre la posibilidad de cobro a los clientes de los costes derivados de las cancelaciones de las solicitudes de portabilidad de fecha 28 de abril de 2011, valoran que:

«De conformidad con lo manifestado por Orange así como por Vodafone sobre The Phone House, lo cual ha podido ser confirmado por esta Comisión a través de la consulta a su catálogo web, estos operadores y sus empresas comercializadoras móviles obligan a los usuarios que solicitan la portabilidad a constituir un depósito en recuperación del terminal móvil y/o de la tarjeta SIM enviados al usuario con carácter previo a la prestación del servicio o de los costes incurridos por las actuaciones preparatorias necesarias para la provisión del servicio de telefonía fija.

En todos estos casos, es claro que nos encontramos ante costes incurridos por los operadores derivados de la puesta en marcha de la prestación del servicio cuya repercusión al abonado excede de lo previsto en la normativa sectorial acerca de la conservación de la numeración.

No obstante, dadas las cantidades cobradas por los operadores (50 euros por parte de The Phone House y 29,95 euros (sin IVA) para las numeraciones fijas y 30 euros para las numeraciones móviles por parte de Orange) esta Comisión considera que dicha repercusión podría suponer una traba práctica para los usuarios que les limite la libertad de opción y de elección de operador de conformidad con los derechos que tienen reconocidos por el ordenamiento jurídico (derecho a desistir).»

Por otro lado sí reconocen el derecho a repercutir al usuario el coste máximo de 0,41€ derivado del proceso de portabilidad fija (en las portabilidades móviles no se aplican cargos entre ellos):

«En virtud de lo establecido en el marco normativo sectorial, se considera que los potenciales operadores fijos receptores de una portabilidad numérica pueden, a su voluntad, repercutir al usuario la tarifa máxima de 0,41 euros por solicitud cancelada, ya que no se considera que este importe sea disuasorio para del ejercicio del derecho de los abonados a solicitar el cambio de operador con conservación de la numeración.»

También si nos atenemos a la propia legislación en materia de consumo, en concreto el capítulo II del Título I (artículos 68 a 79) y el capítulo III del Título III, relativos a contratos celebrados a distancia (art.101 y 102), de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios regulan el derecho de desistimiento del contrato en el plazo de 7 días sin que se impongan obstáculos onerosos o desproporcionados.